Durante los últimos meses las críticas al Gobierno sobre los asuntos económicos del país han sido constantes por las decisiones tomadas para afrontar la crisis. El desempleo, la confianza de los consumidores o la deuda pública son los pilares en los que se fundamentan las críticas. Sin embargo es fácil olvidar que buena parte de todos esos problemas no dependen de la gestión del Gobierno, sino que vienen de parte de las Comunidades Autónomas que representan casi la mitad del Presupuesto del Estado (42´1% del Presupuesto).
Es cierto que la situación económica actual se encuentra lejos de lo que se podría considerar razonable pero como suele suceder en estos casos la responsabilidad no se le puede achacar exclusivamente a una ente. En este caso, las críticas han de orientarse también a las Comunidades Autónomas que son en buena medida las que con sus excesivos gastos han llevado a la economía española a estar endeudada a los niveles actuales, ya que la deuda de las Comunidades Autónomas supera con creces a la de la Administración Central.

Fuente: Libro amarillo. Presupuestos Generales del Estado 2010
Así como no se puede culpabilizar de todo al Gobierno, también cabe una crítica: las previsiones de empeoramiento de la crisis para el próximo año siguen siendo bastante negativas y aun así el Gobierno ha presupuestado para 2010 un aumento en la dotación a las Comunidades, un 12´1% mayor que en 2009 (un aumento de 38.659,96 millones de euros hasta los 43.333,62 millones de euros). La contención del gasto debería haber sido mucho más estricta.

Fuente: Banco de España
Evidentemente la autonomía de las Comunidades en ciertos aspectos económicos se debe mantener en beneficio de todos pero quizá fuese necesario establecer ciertos protocolos de actuación, con antelación, para suavizar o hacer frente de manera más efectiva a situaciones como la actual, pues sería también en beneficio de todos, en la que el Gobierno tuviese mayores posibilidades de actuación para resolver las incidencias con mayor presteza.
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En 1974 y en 2004 se propusieron una serie de planes de actuación para evitar que el sistema financiero internacional se resintiese por mala praxis a la hora de llevar a cabo actividades de elevado riesgo sin tomar las precauciones oportunas. Por ejemplo las hipotecas suprime; vender hipotecas a quienes no podían pagarlas y no dotar las provisiones correspondientes en función de las probabilidades de impago. Estos acuerdos se llamaron Basilea I y II.
Las recomendaciones incluidas en las Acuerdos de Basilea fueron propuestas por los gobernadores de las principales economías del mundo y posteriormente suscritos por cerca de una centena de países. Todos los suscribieron pero no así todos llevaron a cabo las medidas establecidas a pesar de la actualización de Basilea I que no tomaba mucho en cuenta las características de los posibles contingencias que podían contraer los sistemas financieros para dotar provisiones ante diferentes niveles de riesgo. De ahí que años más tarde se renovaran los acuerdos en Basilea II, mucho más adaptado a todo tipo de situaciones.
Con un análisis no demasiado exhaustivo se puede comprobar que el no cumplimiento de Basilea ha sido lo que ha provocado la crisis financiera internacional de 2007. Surge la idea de que ya se preveía una situación de derrumbe de la economía con anterioridad a la crisis pues las dos propuestas fundamentales de los Acuerdo eran: categorizar perfectamente el riesgo que contraen las entidades financieras (rating) y que las entidades se dotasen de un “capital regulatorio” para disponer de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Éstos fueron los puntos clave de Basilea y estos han sido los puntos clave de la crisis financiera internacional. Es más, mientras que la Eurozona adoptó las medidas de los acuerdos (cada Banco Central podía exigir más rigor al sistema financiero nacional como fue el caso de España) Estados Unidos no, o al menos en parte, y es aquí donde nació y desde donde se extendió (falta de transparencia) la crisis de las hipotecas suprime a todo el mundo.
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“Cuando haya sangre en las calles, compra propiedades” dijo el Barón de Rothschild tras la batalla de Waterloo. Unos obligados a vender y otros con capital suficiente como para comprárselo a precios de saldo. No se podrá hablar del fin de las clases medias en España, pero sin duda se producirá un gran aumento de la desigualdad social.
La grandes empresas ya comienzan a recomponerse de los zarpazos de la crisis, mientras que los ciudadanos (aumento del desempleo, morosidad, desahucios) continúan empeorando y previsiblemente continuarán haciéndolo durante al menos un año más, como indican las previsiones. Comienza de nuevo la oportunidad de comprar barato.

Se puede observar que tras la tremenda bajada de hace meses, se está produciendo poco a poco un ascenso en la cotización de las 35 empresas más importantes de España
¿Cuál es la diferencia entre España y el resto de países de nuestro entorno? A la gran mayoría de países les ha afectado la crisis pero en casi ninguno la tendencia negativa de las variables macroeconómicas ha sido acompañada de manera tan alarmante por tasas de desempleo como la española. Es destacable también que en el resto de países todos los índices se recuperan más o menos a la vez, mientras que en España unos mantienen su carrera a la baja mientras otros la mantienen al alza. Y es aquí donde se crea la brecha.
El modelo de banca en España es “universal” es decir, está permitido que las entidades financieras sean propietarias de partes de otras empresas, de grandes empresas. Son éstas las que reciben toda la financiación que necesitan mientras que las familias y PYMES han se quedado fuera. Unos tienen la posibilidad de crecer aun más mientras otros se quedan estancados, también aun más.
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La deuda pública es el dinero que el Estado pidió prestado para financiarse y ahora debe devolver incluidos los intereses. La Deuda Pública a pagar en 2010 asciende a 23.200 millones de euros pero para percibir la magnitud y alcance de semejante importe es mejor ilustrarlo con algunas comparaciones con otras partidas del Presupuesto para que quede claro.
El pago de la Deuda en 2010 será:
- Superior en 1606,19 millones de euros al gasto en Servicios Públicos Básicos: Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior que tienen un presupuesto de 21.593,81 millones de euros.
- Es el triple del dinero que se dedica al fomento del empleo, 7.749,77 millones de euros.
- 14336, 13 millones de euros superior al gasto en la Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente, que son: Sanidad (4.633,45 millones de euros, es decir, 5 veces menos), Educación (3.088,52, 7 millones de euros, es decir, 5 veces menos) y Cultura (1.141,89 millones de euros, es decir, 20 veces menos).
- Cerca del triple del dinero presupuestado para Planes de I+D+i, 7.946,11 millones de euros.
- Para infraestructuras se han presupuestado 24.005 millones de euros, 800 millones más que para la Deuda.
- 15 veces mayor que lo presupuestado para la Ley de Dependencia, 1.581,07 millones de euros.
- 8047,81 millones de euros superior a las aportaciones que recibe España provenientes de la Unión Europea (15.152,19 millones de euros).
- Casi el doble de la aportación española a la Unión Europea (12.421,34 millones de euros).
- 3.016 millones superior a lo que se recauda con el Impuesto de Sociedades.
- Superior a los ingresos provenientes de los Impuestos Especiales (21.441 millones de euros): Alcohol y bebidas derivadas, Cerveza, Productos intermedios, Hidrocarburos, Labores del Tabaco y Electricidad.
- Casi el triple de lo presupuestado en el Plan E (8.000 millones de euros).
- Sólo superan lo presupuestado para el pago de la Deuda Pública: las pensiones (108.282,71 millones de euros), el Desempleo (30.974,84 millones de euros) y las transferencias a otras comunidades autónomas (73.727,31 millones de euros).
La deuda pública en porcentaje del PIB en 2009, según los datos Ministeriales disponibles en el Libro Amarillo han sido del 53,4. Las estimaciones apuntan a que en 2010 rondarán el 70% del PIB. Basta unos simples cálculos para comprobar que si los gastos en Deuda Pública están fuera de lo razonable en el presupuesto del 2010, peores serán en el del 2011.
Esta es la Deuda Pública, a parte queda la de las empresas y familias…
Y para que quede más claro aún, en caso de que alguien no se apañe demasiado bien aun con los euros:
23.200*166,3860= 3.860.155, 2 millones de pesetas (si no le ha quedado claro lea la cifra en alto)
Fuente: Libro amarillo.
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El titular suena fatal pero tiene una explicación muy simple y más aun con la imperiosa necesidad de recorte de la deuda pública española. Los sueldos de los funcionarios se han de equiparar al IPC, así lo demandan los sindicatos pero sólo para las subidas aunque también debería ser para las bajadas, aquí la explicación:
- Si cuando el IPC sube un 3% por ciento, los salarios de los funcionarios suben también un 3%, por qué como sucede ahora donde el IPC es del -1%, los salarios de 2,6 millones de españoles no van a la par y se reducen un 1%.
- En los últimos 5 años el sueldo medio de los funcionarios se ha incrementado en un 20%.
- Pensar que el sueldo de los funcionarios se deterioraría respecto al nivel de precios del país sería un error. Los funcionarios no perdería poder adquisitivo, se quedarían igual. En esta situación, en la que el IPC es negativo, su sueldo se incrementa en un 1%. A parte de la subidadel 0,3% prometida por el Gobierno. Congelar el sueldo de los funcionarios evitaría incrementar la deuda en 1.500 millones de euros.
- La situación económica española es calamitosa (los datos macroeconómicos son nefastos más allá de lo que se pueda creer, se diga o se venda). Es imprescindible recortar el gasto público para contener la deuda que lastrará durante lustros (no es una exageración, sirva como ejemplo que la deuda actual de los británicos se estima que la acabarán de pagar sus nietos) el porvenir saludable de la economía y de sus ciudadanos. El déficit público se situará según las previsiones en poco más de un año en 10 puntos negativos una, barbaridad (en las crisis de los 90 se llego en toda su evolución a esas cifras). Las previsiones sobre la deuda pública la sitúan en 2010 entorno al 70% del PIB. El funcionariado representa el 20% del presupuesto de la Administración Central y el 30% en las Comunidades Autónomas.
- Por solidaridad con el resto de trabajadores que se encuentran en una situación muy precaria donde más de 4 millones de trabajadores están desempleados.
- Les saldrá más caro a los funcionarios la subida de impuestos que equilibrar su sueldo con el IPC. También como reducción del consumo.
Es necesario sanear la economía española con carácter de urgencia (España será la única potencia mundial que no crezca el año que viene lo que significa más retraso). El esfuerzo ha de ser de todos. Cuanto antes se haga mejor será para el conjunto del país, incluso para aquellos, como son los funcionarios, que podrán ver crecer mucho más rápido sus salarios en cuanto salgamos de la crisis. A parte de la igualación funcionarial con el IPC, sería necesario revisar decenas de otros gastos y salarios que poco se ajustan a la realidad.
En cualquier caso, la no reducción en función del IPC del salario de los funcionarios es tirar piedras contra su propio tejado y contra el conjunto de la economía en general.
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